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miércoles, 24 de febrero de 2010

UNOS CARADURAS: En medio de la polémica, el PRO elaboró su proyecto de "enlace civil

Ayer, una jueza porteña había autorizado el casamiento de una pareja homosexual. Aunque la Iglesia se lo reclama, Macri no apeló la medida. Pero el Bloque PRO de Diputados elaboró un proyecto para que los gays se unan en "enlace civil". "Las instituciones son distintas, pero deben convivir", dicen.
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La Iglesia dice que Macri "tiene la obligación" de apelar el fallo que autorizó una boda gay

Una jueza porteña autorizó el casamiento de una pareja gay

"Se equivocan quienes buscan enfrentar a la institución del matrimonio --orientada a la familia integrada por los contrayentes y sus hijos-- con el enlace entre personas del mismo sexo, pues ambas instituciones pueden y deben convivir", dice un comunicado del Bloque de Diputados Nacionales del PRO.

El partido conducido por Macri anunció hoy que elaboró su proyecto para establecer la unión de personas del mismo sexo e informó que lo remitió a los distintos bloques de la Cámara para buscar un amplio consenso sobre el tema.

"Las dos instituciones (casamiento y unión civil) son distintas, pero no pueden considerarse incompatibles ni enfrentadas", dicen en el comunicado.

El proyecto fue preparado por los diputados Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Paula Bertol y Gladys González, quienes manifestaron que "queremos defender a la familia y a la libertad en forma simultánea y no excluyente", al tiempo que expresaron que es un tema de gran "complejidad" que admite diversas posturas, inclusive internamente.

El proyecto surge en medio de una controversia acerca del matrimonio gay desatado a partir de la decisión de la jueza del fuero contencioso y administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Amada Liberatori de Aramburu, de autorizar a una pareja gay porteña a casarse.

Damián Ariel Bernath y Jorge Esteban Salazar Capón habían solicitado un turno para casarse, pero la funcionaria de turno les había respondido que no podían hacerlo "por su orientación sexual". Finalmente, la jueza Liberatori autorizó el casamiento.

Hoy, la Iglesia, a través del arzobispado de Buenos Aires, le dijo a Macri que "tiene la obligación" de apelar el fallo que autorizó la boda gay.

Apelaron el fallo que autorizó la boda gay en la Capital


Abogados católicos presentaron el recurso contra la resolución de la jueza porteña Liberatori; "El matrimonio homosexual es violatorio de los derechos humanos", argumentaron; Bergoglio, más temprano, se lo había reclamado a Macri
Luego de que el Arzobispado de Buenos Aires rechazara hoy la decisión de la Justicia que autorizó ayer una boda entre dos hombres por considerarlo contrario a la legislación vigente en el país, abogados católicos apelaron la medida y solicitaron su nulidad .

La entidad había exigido a Mauricio Macri, como garante de la legalidad en la Ciudad, que apelara el fallo dictado por la jueza Elena Liberatori a pesar de que el gobierno porteño ya había adelantado que no lo haría.

La medida interpuesta hoy por el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Bieule, a la que tuvo acceso lanacion.com , solicita "que se decrete la nulidad de la sentencia dictada por V.S. con fecha 22 de febrero de 2010" y además, la apela por considerarla un gravamen irreparable".

Entre las razones alegadas en su presentación, el abogado sostuvo que se encuentra la de responder al estatuto de la entidad que estipula, entre otras, "proveer al bien común mediante la asunción de los valores morales contenidos en la Doctrina y el Magisterio de la Iglesia Católica, intentando que éstos regulen las acciones de los individuos y de la sociedad".

Además, sostuvo que "como el matrimonio natural y jurídicamente está ordenado a la familia, y ésta depende de la procreación, entonces ninguna unión homosexual puede basarse en un consentimiento matrimonial pleno. Por ellos la unión de personas del mismo sexo jamás podría constituir un matrimonio, ni mucho menos fundar una familia, siendo el matrimonio homosexual inconstitucional y violatorio de los derechos humanos".

Macri y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, mantuvieron una tensa reunión en noviembre pasado por el apoyo que el jefe de la Ciudad brindó a la unión civil. El líder del Pro no apeló una sentencia judicial que habilitó el matrimonio entre Alex Freyre y José María Di Bello quienes, finalmente, se casaron en Ushuaia .

En ese momento el Arzobispado criticó a Macri por considerar que al no rechazar aquel fallo "faltó gravemente" a sus deberes de funcionario público.

"Desde épocas ancestrales el matrimonio se entiende como la unión entre el varón y la mujer", dijo la entidad religiosa de acuerdo a la información de la Agencia Informativa Católica Argentina. "Su reafirmación no implica discriminación alguna", agregó.

El texto del comunicado que emitió el Arzobispado dice lo siguiente:

"La legislación civil argentina que nos rige (cfr. también la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 16, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos art. 23 inc. 2 y la Convención Americana de los Derechos humanos, art. 17 inc. 2 ss, los cuales tienen jerarquía constitucional desde 1994) regula el matrimonio como una entidad civil integrada por un hombre y una mujer. Por lo tanto, el fallo de una jueza en lo Contencioso Administrativo que permite un vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo, es contrario a la citada legislación".

“No tener identidad es como ser un fantasma


FRANCISCO MADARIAGA QUINTELA CONTO JUNTO A ABEL, SU PADRE, COMO RECUPERO SU IDENTIDAD DESPUES DE 32 AñOS

“Para mí es un regalo, la familia que buscaba”
En rueda de prensa, padre e hijo mostraron su alegría por el reencuentro. Francisco dijo que “no tener identidad es como ser un fantasma”. Su padre, el hombre que se sumó a la búsqueda de Abuelas, comentó: “Es un tigre, como su madre”. Silvia Quintela está desaparecida.

Por Laura Vales

Tienen la misma nariz –grande y carnosa–, la misma frente ancha y los pómulos idénticos, marcados y altos. Viéndolos juntos, uno sentado junto a otro, es imposible no pensar con el primer vistazo que son padre e hijo. Ayer, Abel y Francisco Madariaga contaron en una conferencia de prensa cómo se encontraron después de tres décadas. Abel, el papá, es secretario de Abuelas de Plaza de Mayo y buscaba a Francisco desde 1983. Pero fue el chico el que, ya crecido y convertido en un adulto, finalmente terminó encontrando al padre. A los 32 años, tras haber sido apropiado y criado por un oficial de inteligencia de Ejército, se presentó en Abuelas con la sospecha de que era hijo de desaparecidos, para hacerse los análisis de ADN.

Así se convirtió en el nieto recuperado número 101. En su caso, con la suerte extra de tener vivo a su papá, integrante de la dirección del organismo de derechos humanos –único hombre en un círculo de mujeres– y uno de los responsables de diseñar la estrategia de comunicación para que los jóvenes que sienten dudas sobre su filiación se acercaran a la entidad.

En la sede de Abuelas, donde se realizó la conferencia, Francisco estuvo acompañado por dos amigos, Cristian y Juan, treintañeros como él y que, según contó, fueron claves en la historia (“quiero agradecerles porque me obligaron a venir”, les dijo públicamente). Mezclada entre el público, también estuvo Lucía, su ex novia, que también lo apoyó en el proceso.

Francisco había llegado a Abuelas el 3 de febrero para hacer la consulta. Después, todo fue rápido. El día 4 fue a sacarse sangre para el análisis, y a las dos semanas la Justicia le informó sobre los resultados y le ofreció ponerlo en contacto con su verdadera familia. Resultó que además del padre había un tío (Daniel Quintela) y dos primas (Elena y Mariana) que también lo buscaban.

–Que nuestro encuentro haya sido tan natural va a darles fuerza a otros pibes –vaticinó ayer Abel, el papá–. Es un efecto de siembra; nos llevó tiempo sembrar, pero la cosecha viene cada vez más rápida.


“Un premio”

La historia sobre el nacimiento de Francisco fue relatada por Estela de Carlotto, la titular de la entidad. El joven nació en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo, en julio de 1977. Su madre, Silvia Mónica Quintela, era, como Abel, militante de la organización Montoneros. Silvia había estudiado medicina en la Universidad de Buenos Aires y estaba haciendo la residencia como cirujana en el hospital municipal de Tigre cuando el 17 de enero de 1977 un grupo de tareas de la dictadura la secuestró. Tenía 28 años y estaba embarazada de cuatro meses.

La llevaron al centro clandestino de detención El Campito, donde la vieron varios sobrevivientes. En julio de 1977 fue trasladada al Hospital Militar, donde le hicieron una cesárea. Silvia dio a luz a un varón al que le puso de nombre Francisco, como quería su compañero.

Fueron las abuelas del recién nacido Sara Elena de Madariaga y Ernestina “Tina” Dallasta de Quintela las que iniciaron su búsqueda y la mantuvieron en los años de la dictadura. Abel, que tras el secuestro de su mujer se había exiliado en Suecia y más tarde en México, volvió a la Argentina en 1983 y se encargó activamente de la búsqueda; así se sumó al trabajo de las Abuelas. Con los años, se convirtió en el coordinador de los equipos técnicos de la entidad, y después pasó a ser parte de su mesa directiva.

“Todos los nietos son queridos, pero éste es un premio para un padre que luchó toda la vida”, definió Carlotto, que en la presentación estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.


Mentiras y violencia

En la conferencia de prensa, como era de esperar, hubo lágrimas de emoción. Lloraban los amigos de Francisco, lloraban varios integrantes de Abuelas, lagrimeaba aproximadamente la mitad de los que estaban en el salón mientras la otra mitad respiraba hondo y aguantaba. Abel contestó las preguntas de todos los medios con la voz firme, pero le temblaban las manos. En cambio, Francisco parecía totalmente aplomado: se lo veía alegre, pura sonrisa.

El padre, orgulloso, dijo que el hijo era “un tigre, como la madre”. Y aseguró que físicamente era “muy parecido” a ella “aunque, pobrecito, con algunos rasgos míos”. Francisco relató a su vez que, después de conocerlo, lo primero que hizo fue pedirle una foto de su madre.

Francisco contó, además, su vida con los apropiadores. Fue anotado como hijo propio por un oficial del Ejército, Víctor de Alejandro Gallo, al que describió como un hombre “muy violento”. “Fueron años oscuros, feos”, dijo sobre su infancia. En la familia, integrada por la mujer del militar, Inés Susana Colombo, y dos hermanos, nunca le dijeron que no era hijo biológico, y en su documento de identidad figuraba con el apellido del militar, con el nombre de Alejandro Ramiro, pero aun así, con los años fue acumulando dudas. “No me veía parecido a nadie, y además era una familia violenta, no me dejaban avanzar. No tenía ayuda familiar... por eso pensaba que una familia no podía hacer eso con un hijo propio.”

Así empezó a dar los pasos que lo llevarían a recuperar la identidad. “Lo busqué diez años”, resumió ayer, hablando del padre, pero sugiriendo que ese fue el tiempo que vivió con dudas y sin poder resolver la situación. Finalmente, cuando ya estaba muy avanzado en su búsqueda, la mujer de Gallo le confesó que, como él sospechaba, podía ser hijo de desaparecidos. Le dijo que “lo habían traído de Campo Mayo”, en julio del ’77, y que Gallo “le había dicho que se trataba de un niño abandonado”.

El militar era oficial de Inteligencia del Ejército; durante la dictadura integró el Batallón 601. Recuperada la democracia, Gallo acumuló antecedentes delictivos. En los ’80 participó del robo de una financiera y luego de la Masacre de Benavídez, donde fue asesinada una familia, hechos por los que estuvo detenido. En la actualidad es dueño de la agencia de seguridad Lince. Lo detuvieron el jueves, junto con su ex mujer (ver aparte), acusados de la apropiación. Se sospecha además que, en las últimas semanas, pudo haber estado detrás de dos incidentes que sufrió Francisco.

Antes de terminar la rueda de prensa, Abel pidió hacer dos agradecimientos, “a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y al Poder Ejecutivo, porque desde que la apropiación de niños pasó a ser un problema de Estado, hemos resuelto más de treinta casos”.

Le pidieron a Francisco que hablara a los que están en una situación similar a la que él pasó. “No tener identidad es como ser un fantasma”, contestó, “pero encontré una familia gigante, con amor y contención. Eso es lo que buscaba: para mí, es un regalo”.

El Parlamento español aprobó el aborto libre

La reforma de la ley del aborto establece cualquier mujer mayor de 16 años podrá interrumpir su embarazo en el transcurso de las 14 primeras semanas sin tener que alegar motivo alguno.






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La llamada Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pasó el trámite en el Senado con el mismo texto que salió del Congreso de los Diputados. Esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual entrará en vigor dentro de cuatro meses.

La nueva ley supone la despenalización del aborto, que desde 1985 estaba considerado en España un delito no castigado sólo en tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto.

A partir de finales de junio, cualquier mujer podrá abortar en el país en el transcurso de las 14 primeras semanas de embarazo sin tener que alegar motivo alguno. En casos excepcionales, ese plazo queda extendido hasta las 22 semanas.

En 2008, el número de mujeres que abortaron en España fue de 115.812, un 3,27 por ciento más que en 2007.

En una sesión en la Cámara Alta a la que asistió la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, impulsora de la reforma, la nueva ley quedó aprobada hoy definitivamente por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención.

Se pone "fin a una deuda pendiente" que la sociedad tenía con las mujeres, manifestó la senadora socialista y "número tres" del partido de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín.

La mayoría del Senado rechazó los tres vetos al proyecto presentados por el Partido Popular (PP), Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN), además de 88 enmiendas parciales al texto.

Durante su tramitación en el Congreso de los Diputados se había modificado ya uno de los puntos más polémicos del proyecto: la posibilidad de que las menores de edad pudieran abortar sin conocimiento de sus padres.

Finalmente, la negociación entre socialistas y Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido tradicionalmente católico, estipuló que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que informar a sus progenitores, salvo en caso de que ello pueda suponer peligro de "violencia intrafamiliar", así como "amenazas, coacciones o malos tratos".

La formación encabezada por Mariano Rajoy la considera inconstitucional y se ha situado junto a la Iglesia y otros sectores conservadores, que incluso han llevado a cabo movilizaciones en la calle contra su aprobación. El pasado mes de octubre fueron decenas de miles de personas las que marcharon por Madrid y para el próximo 7 de marzo hay convocadas otras manifestaciones contra el aborto.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) llegó incluso a asegurar que los diputados y senadores que votasen a favor estarían cometiendo un pecado y no podrían comulgar.

viernes, 19 de febrero de 2010

RIO CUARTO: Travestis y transexuales, reunidas para debatir sobre sus derechos


Representantes de la organización se juntaron para tratar temáticas vinculadas al sida, a la reforma del Código de Faltas y a la ley de Identidad de Género. Indican que se ha evidenciado una apertura social
Por pri­me­ra vez en nues­tra ciu­dad, y en cen­tro del país, se de­sa­rro­lló un en­cuen­tro de tra­ves­tis, tran­se­xua­les y trans­gé­ne­ros pro­ve­nien­tes de dis­tin­tos pun­tos de Ar­gen­ti­na. Se tra­ta de la reu­nión de la or­ga­ni­za­ción ATT­TA, que se con­gre­gó pa­ra de­ba­tir so­bre te­má­ti­cas vin­cu­la­das a sus de­re­chos, a la sa­lud, y las nue­vas le­gis­la­cio­nes.

De­le­ga­das de Mar del Pla­ta, La Pam­pa y For­mo­sa, jun­to con re­pre­sen­tan­tes de Co­ro­nel Mol­des, Sam­pa­cho y Río Cuar­to, en­tre otras, com­par­tie­ron sus ex­pe­rien­cias en la pri­me­ra jor­na­da de tra­ba­jo. Mar­ce­la Ro­me­ro, ti­tu­lar de la agru­pa­ción a ni­vel na­cio­nal, in­di­có que “la idea del en­cuen­tro es reu­nir­nos las com­pa­ñe­ras de to­das las pro­vin­cias pa­ra po­der trans­mi­tir las ex­pe­rien­cias de ca­da una”.

- ¿Con qué pa­no­ra­ma se en­cuen­tran en es­te en­cuen­tro?
- Sa­be­mos que en Río Cuar­to hay una aper­tu­ra de la Mu­ni­ci­pa­li­dad, don­de par­ti­ci­pa Elia­na Al­ca­raz, y eso abrió mu­chos es­pa­cios pa­ra nues­tra co­mu­ni­dad. La po­si­bi­li­dad de es­tar pre­sen­tes, ser vi­si­bles y con­tar con un es­pa­cio pa­ra ge­ne­rar po­lí­ti­cas pú­bli­cas es fun­da­men­tal. No­so­tras que­re­mos que los go­bier­nos mu­ni­ci­pa­les, pro­vin­cia­les y na­cio­nal nos in­te­gren en sus po­lí­ti­cas, por­que so­mos par­te de la so­cie­dad. Te­ne­mos de­re­cho a ac­ce­der a la edu­ca­ción, sa­lud, tra­ba­jo, vi­vien­da, y to­do lo que pue­de necesitar cual­quier ciu­da­da­no.

Ro­me­ro in­di­có que un tra­ba­jo fuer­te que rea­li­zan des­de ATT­TA pa­sa por la re­for­ma de los có­di­gos de Fal­tas. “En nues­tro país hay 14 pro­vin­cias en las que to­da­vía ri­gen los có­di­gos con­tra­ven­cio­na­les, que son de la dic­ta­du­ra mi­li­tar”, sos­tu­vo y agre­gó: “Por es­tos có­di­gos nos per­si­guen, nos co­bran mul­tas, nos de­tie­nen; por eso exi­gi­mos, co­mo or­ga­ni­za­ción, la de­ro­ga­ción de es­tos có­di­gos in­cons­ti­tu­cio­na­les”.


Iden­ti­dad de Gé­ne­ro

Otro pe­di­do de las in­te­gran­tes de la co­mu­ni­dad trans bus­ca la apro­ba­ción de la ley de Iden­ti­dad de Gé­ne­ro. Ro­me­ro sos­tu­vo que es una le­gis­la­ción de la que no se ha to­ma­do con­cien­cia, “es la po­si­bi­li­dad de ac­ce­der a un do­cu­men­to con tu nom­bre, con aquel que te iden­ti­fi­cas y con el que te ma­ne­jás las 24 ho­ras”, di­jo.

- ¿Qué li­mi­ta­cio­nes tie­nen hoy por la au­sen­cia de la ley?
- Te­ner nues­tro do­cu­men­to nos fa­ci­li­ta­ría ac­ce­der a las po­lí­ti­cas pú­bli­cas. Mu­chas de no­so­tras pre­sen­ta­mos nues­tro cu­rrí­cu­lum pa­ra so­li­ci­tar un em­pleo y al en­tre­gar el do­cu­men­to nos di­cen que no nos pue­den dar tra­ba­jo. Di­cen que no da con nues­tra ima­gen, con nues­tra iden­ti­dad, ni si­quie­ra pa­ra tra­ba­jar co­mo te­le­fo­nis­ta.

- Ter­mi­na tra­du­cién­do­se en dis­cri­mi­na­ción.
- Sí, y en una so­cie­dad que de­be es­tar pre­pa­ra­da pa­ra in­te­grar a to­das las per­so­nas, a la di­ver­si­dad se­xual. En nues­tro ca­so so­mos las que más pro­ble­mas te­ne­mos, no co­mo la co­mu­ni­dad gay y las les­bia­nas.

- ¿Evi­den­cian una aper­tu­ra de la so­cie­dad en los úl­ti­mos años?
- Lo que se ve en Río Cuar­to es una aper­tu­ra ha­cia una per­so­na que hi­zo su in­ci­den­cia en la Mu­ni­ci­pa­li­dad y lo­gró un lu­gar. Sin em­bar­go, lo que de­be­ría ha­cer el Mu­ni­ci­pio es ge­ne­rar po­lí­ti­cas in­clu­si­vas pa­ra nues­tra co­mu­ni­dad, co­mo mi­croem­pren­di­mien­tos o ca­pa­ci­ta­cio­nes.

Ro­me­ro con­si­de­ró que hay le­gis­la­cio­nes que las li­mi­tan, “que no nos de­jan avan­zar, de­be­mos ha­cer nue­vas que sean in­clu­si­vas y con una ver­da­de­ra de­mo­cra­cia”. In­sis­tió con la aris­ta de la iden­ti­dad, al­go fun­da­men­tal pa­ra cual­quier ac­ti­vi­dad cí­vi­ca. “No­so­tras no co­no­ce­mos la de­mo­cra­cia, siem­pre te­ne­mos pro­ble­mas con la do­cu­men­ta­ción”, ase­gu­ró la ti­tu­lar de ATT­TA y lo ejem­pli­fi­có con el he­cho de ir a vo­tar. “Pa­ra ha­cer­lo te­ne­mos que pa­sar hu­mi­lla­cio­nes y bur­las en las fi­las de hom­bres. Que­re­mos que eso no su­ce­da y po­der vi­vir en un país de de­re­chos”, in­di­có.

- ¿Qué sig­ni­fi­có pa­ra la agru­pa­ción la con­cre­ción del re­gis­tro de unio­nes ci­vi­les?
- Es un re­co­no­ci­mien­to ci­vil que aho­ra tie­nen las com­pa­ñe­ras, co­mo su­ce­dió con Elia­na, y pa­ra ATT­TA es un pa­so más pa­ra que la so­cie­dad ar­gen­ti­na vie­ran a una mu­jer y un hom­bre en el re­gis­tro, que es lo que bus­ca­mos.

Jun­to con Mar­ce­la es­tu­vie­ron pre­sen­tes de­le­ga­das de Mar del Pla­ta y For­mo­sa, en­tre otras, quie­nes com­par­tie­ron sus tra­ba­jos en cues­tio­nes de sa­lud. Tal es el ca­so de Me­li­na, que co­men­tó su ex­pe­rien­cia con el VIH: “En mu­chos lu­ga­res del in­te­rior si­gue sien­do ta­bú, se si­gue dis­cri­mi­nan­do, en otros lu­ga­res se nos in­te­gra, ins­ti­tu­cio­nes in­te­re­sa­das en el te­ma nos in­vi­tan a dar char­las so­bre el si­da”, di­jo y agre­gó: “No­so­tras es­ta­mos pre­pa­ra­das pa­ra eso, por­que he­mos he­cho cur­sos y es­ta­mos ca­pa­ci­ta­das”.

- Hay mu­chas com­pli­ca­cio­nes con el uso de hor­mo­nas per­ju­di­cia­les pa­ra la sa­lud.
- El te­ma pa­sa por la elec­ción de gé­ne­ro de una. Lo ideal es que ha­ya en ca­da lo­ca­li­dad un en­do­cri­nó­lo­go que te di­ga qué hor­mo­na to­mar, y en ca­so de te­ner una com­pli­ca­ción en el or­ga­nis­mo, có­mo tra­tar­la. Sin em­bar­go, no en to­dos los mu­ni­ci­pios hay un es­pe­cia­lis­ta a dis­po­si­ción. Por eso, las que te­ne­mos al­go de ex­pe­rien­cia va­mos con­tan­do qué hor­mo­nas son bue­nas o con­ve­nien­tes pa­ra con­su­mir.

So­bre es­te te­ma, Mar­ce­la Ro­me­ro co­men­tó que en la Ciu­dad Au­tó­no­ma de Buenos Aires hay un ser­vi­cio de en­do­cri­nó­lo­gos que las atien­de, pe­ro no se lo pue­de lle­var a to­do el país por­que eso de­pen­de del mi­nis­tro de Sa­lud de ca­da pro­vin­cia. “Se sa­có en Bue­nos Ai­res la re­so­lu­ción 2272 por la que en to­dos los hos­pi­ta­les las com­pa­ñe­ras pue­den ser aten­di­das con su nom­bre e iden­ti­dad de gé­ne­ro”, se­ña­ló.

- Del mis­mo mo­do, mu­chas se so­me­ten a ci­ru­gías en ma­las con­di­cio­nes.
- Es al­go que se tra­ta por­que es co­ti­dia­no -ex­pli­có Me­li­na-; lo pri­me­ro que le de­ci­mos a una jo­ven trans es que ten­ga cui­da­do con las hor­mo­nas y con las si­li­co­nas lí­qui­das. Que tra­ten de lle­gar siem­pre a las ma­nos de un ci­ru­ja­no y sa­bien­do su se­ro­lo­gía.

Por su par­te, Be­tia­na, de For­mo­sa des­ta­có el tra­ba­jo que se ha­ce des­de la aso­cia­ción pa­ra con­cien­ti­zar a la po­bla­ción so­bre su par­ti­ci­pa­ción. “Hay lu­ga­res en las que só­lo so­mos chi­cas de la no­che, pe­ro aho­ra cuan­do em­pe­za­mos a par­ti­ci­par de la so­cie­dad, se­gui­mos a com­pa­ñe­ras que ne­ce­si­tan de ase­so­ra­mien­to”, sos­tu­vo.

El pe­di­do de las in­te­gran­tes de ATT­TA pa­sa concreta­men­te, por que se res­pe­ten sus de­re­chos co­mo per­so­nas.

Luis Sch­loss­berg
lsch­loss­berg­@pun­tal­.co­m.ar

Río Cuarto ha abierto mucho la mente”
La representante de la organización en la ciudad habló del trabajo que les queda por delante en la lucha por sus derechos
“Pa­ra Río Cuar­to la rea­li­za­ción de es­te en­cuen­tro es un avan­ce po­si­ti­vo, por el acom­pa­ña­mien­to que nos brin­dan las com­pa­ñe­ras de to­do el país”, in­di­có Elia­na Al­ca­raz, de­le­ga­da de ATT­TA en la ciu­dad. “Lo hi­ci­mos en ca­sa pa­ra que fue­ra fa­mi­liar y no tan es­truc­tu­ra­do”, ex­pli­có en diá­lo­go con PUN­TAL y agre­gó: “Te­ne­mos la po­si­bi­li­dad de con­tar nues­tras ex­pe­rien­cias, por­que ca­da pro­vin­cia tie­ne su pro­pia si­tua­ción”.

- ¿Cuál es la ac­tua­li­dad del tra­ba­jo de la or­ga­ni­za­ción?
- Afor­tu­na­da­men­te, en Río Cuar­to la gen­te ha abier­to un po­co la men­te, no del to­do, pe­ro se avan­zó mu­cho. Ha si­do fun­da­men­tal el apo­yo de los me­dios, que tra­ta­ron nues­tro tra­ba­jo con mu­cho res­pe­to. Yo agra­dez­co a la so­cie­dad el he­cho de que no me tra­te co­mo a una tra­ves­ti, si­no co­mo a una se­ño­ra más. Eso me enor­gu­lle­ce mu­cho.

- ¿Qué sig­ni­fi­ca el en­cuen­tro en es­ta rea­li­dad de la ciu­dad?
- Al en­cuen­tro lo veo co­mo un pro­gre­so; en mar­zo bus­ca­re­mos el tra­ta­mien­to de la ley de Iden­ti­dad de Gé­ne­ro, que tam­bién va a ser con­tro­ver­sial y ya han sa­li­do vo­ces en con­tra, co­mo su­ce­dió con la or­de­nan­za de las unio­nes ci­vi­les. Sin em­bar­go, no­so­tros te­ne­mos fe de que fi­nal­men­te lo­gra­re­mos al­go. Ya nos han brin­da­do su apo­yo des­de Es­ta­dos Uni­dos y Es­pa­ña, que nos en­via­ron men­sa­jes fe­li­ci­tán­do­nos y pre­gun­tan­do có­mo hi­ci­mos pa­ra lo­grar es­tos cam­bios de los úl­ti­mos años.

- ¿Có­mo con­ti­núa la se­gun­da jor­na­da del en­cuen­tro?
- Ma­ña­na (por hoy) se tra­ta­rán te­mas re­la­cio­na­dos al VIH, una cues­tión muy de­li­ca­da, de la cual no hay con­cien­ti­za­ción en­tre las pa­res, con el mie­do de ha­cer­se el aná­li­sis mu­chas no se rea­li­zan los es­tu­dios y no ha­cen un se­gui­mien­to de la en­fer­me­dad. Es­ta­mos lu­chan­do pa­ra que nues­tras com­pa­ñe­ras no lle­guen a úl­ti­mas ins­tan­cias, co­mo ha su­ce­di­do con mu­chas ami­gas que fa­lle­cie­ron por eso.

Al­ca­raz se­ña­ló que des­de ATT­TA bus­can con­cien­ti­zar a la per­so­nas que se con­ta­gien la en­fer­me­dad. “Hay que apo­yar­las con el acom­pa­ña­mien­to de ali­men­to o vi­vien­da”, di­jo y des­ta­có la par­ti­ci­pa­ción de mu­je­res que con­vi­ven con el si­da.

Otro avance del matrimonio gay

Diputados de distintos bloques expresaron su apoyo al tratamiento del proyecto que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo: Sabbatella, Stolbizer, Vilma Ibara y el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi.

El debate sobre el proyecto de ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo volvió ayer a ocupar un lugar central en la arena parlamentaria. Al asumir como titular de la Comisión de Legislación General de Diputados, Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) fijó como tema prioritario en la agenda 2010 la ley que permite el casamiento gay. Durante la jornada, representantes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) mantuvieron sendas reuniones con los presidentes de distintos bloques de la Cámara de Diputados: “(Martín) Sabbatella y (Margarita) Stolbizer comprometieron el apoyo de todos sus diputados, y (el titular de la bancada oficialista, Agustín) Rossi aseguró los votos de más de la mitad de su bloque y nos ofreció acompañarnos en todo lo que necesitemos. Y la semana que viene tenemos reuniones con (los radicales) Ricardo Alfonsín, (Federico) Storani y Claudia Rucci (Unión PRO)”, confirmó a Página/12 María Rachid, titular de Falgbt.

“Vamos a impulsar la ley para que puedan casarse en igualdad de condiciones personas del mismo o de distinto sexo, con los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades”, aseguró Ibarra, luego de asumir la titularidad de la Comisión de Legislación General del Congreso. En diálogo con Página/12, la diputada por Encuentro Popular y Social basó sus argumentos del porqué de la prioridad parlamentaria para el debate sobre el matrimonio gay en la importancia que el tema cobró a nivel social durante 2009: “Es una discusión que se hizo carne en la ciudadanía, que fue tratado por la Justicia y hasta espera un fallo de la Corte Suprema, y ha quedado sin saldar por los representantes del pueblo”. Porque, según Ibarra, modificar o no el Código Civil, “para equiparar los derechos de homosexuales y heterosexuales, es un deber del Congreso”.

En su discurso de inicio de las reuniones de la Comisión, Vilma Ibarra anunció que la primera semana de marzo comenzarán a debatir el proyecto sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, será una rediscusión. “El año pasado vinieron especialistas y debatimos en profundidad el tema, pero ahora la mitad de los diputados son nuevos y, como presidenta (de la Comisión de Legislación General), debo darles voz a todos los que se quieran expresar”, dijo Ibarra y agregó: “Volveremos a llamar a especialistas y a reorientar las discusiones, pero espero que para mediados o fines de mayo podamos tener media sanción de Diputados”. Según sus cálculos, “los votos serán favorables”.

De concretarse la media sanción, lo que será modificado en el Código Civil son dos palabras: marido y mujer. Ambas serán reemplazadas por cónyuges o contrayentes. Aunque no en forma explícita, la modificación permitiría la adopción a las parejas homosexuales. “Así, por ejemplo, los hijos de parejas del mismo sexo dejarán de ser hijos de segunda y podrán reclamar que sus padres les pasen la manutención. También podrán heredar”, dijo la diputada.

En pos de lograr la igualdad de derechos, Rachid y el secretario de Falgbt, Martín Canevaro, mantuvieron ayer reuniones con distintos diputados. “Con Sabbatella e Ibarra nos encontramos a la mañana y su compromiso fue total –admitió Rachid, luego de la charla–. Ofrecieron acompañarnos en todas las actividades que hagamos para instalar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y aseguraron el voto de todo su bloque para la modificación del Código (Civil).”

“Es fundamental que se termine con el actual desamparo legal que discrimina a las parejas del mismo sexo, privándolas de la protección del Estado”, señaló Sabbatella. “No es sólo una preocupación de las organizaciones que representan a la comunidad homosexual, es una deuda que tiene el Estado y que hace a la igualdad de derechos entre todos y todas”, agregó.

Los integrantes del bloque de Sabbatella (Nuevo Encuentro) y de Ibarra (Encuentro Popular y Social) también se comprometieron a integrar e impulsar el Frente por la Igualdad de Derechos, que, además del matrimonio, promueve el derecho a autorizar la adopción conjunta para familias formadas por personas del mismo sexo y la modificación de la actual Ley Antidiscriminatoria para incluir la protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otros aspectos. Por la tarde, “nos reunimos con Rossi (del bloque Frente para la Victoria) y nos aseguró la mitad de los votos de los diputados de su bloque”.

Informe: Mariana Seghezzo.

lunes, 15 de febrero de 2010

Haciéndole la Corte al Congreso

En el máximo tribunal prima la idea de que es “inconstitucional” que dos personas de igual sexo no puedan casarse. Pero antes de emitir fallo, esperarán a que lo discuta el Congreso.

Por Mario Wainfeld

“La decisión judicial es sencilla, el problema no es ése”, reflexiona Su Señoría. Su Señoría integra la Corte Suprema. Es raro que uno de sus integrantes diga que un tema polémico sometido a ésta sea sencillo. Máxime si se trata de un pedido de inconstitucionalidad y recontra máxime si versa sobre el régimen matrimonial, por ahora reservado a personas de diferente sexo. Pero Su Señoría fue tajante, la decisión es sencilla: la prohibición del matrimonio gay es inconstitucional. Y se explica: “Es un caso claro de inconstitucionalidad sobreviniente, pasó lo mismo con el divorcio vincular”.

“¿Qué es lo difícil, entonces?”, preguntaría Página/12 si Su Señoría no se respondiera solita. “Lo difícil, lo dudoso (relativiza), es si debemos abocarnos ya a sentenciar alguno de los expedientes que tenemos o si esperamos a que el Congreso discuta la ley.” Ahí se invierten los roles de la amigable conversación sin grabador de por medio. Quien tiene la toga (es un modo de decir, viste de civil) formula la pregunta clave: “¿Cuándo se tratará el proyecto en el Congreso?”.

El cronista comenta que todo indica que será pronto. Lo que no es tan seguro es que se consigan los votos suficientes en ambas Cámaras, la más dudosa es el Senado.

Su Señoría, que malicia lo mismo, redondea: si así fuera, sería mejor esperar que el tema se ventile en la sociedad y en el Parlamento. Claro que, si el proyecto no prosperara o se demorara, el Tribunal debería decidir.

–¿En tal caso, será tan sencillo resolverlo? –se obstina este diario.

–El expediente tiene que circular, acá hay individualidades fuertes, cada uno querrá fundar su posición, es un fallo histórico. Pero es casi seguro que haya mayoría.

Tras lo cual, se explaya sobre la inconstitucionalidad sobreviniente, lo que justifica un parrafito propio.

Valores que cambian
De acuerdo con venerable jurisprudencia de la misma Corte, una norma originariamente constitucional puede dejar de serlo andando el tiempo. Sucede cuando los criterios o valores de la sociedad han cambiado. Criterios colectivos diferentes, nuevas costumbres o reglas de convivencia, hacen que lo que era chocante a la “moral pública” o exótico en un momento dado devenga válido, aceptable, o aún imprescindible. Una de las sentencias más recordables (de evidente afinidad con el caso) fue “Sejean c/Zaks de Sejean”, dictada a fines de 1986. La Corte Suprema juzgó inconstitucional la disposición de la Ley de Matrimonio Civil que impedía el divorcio vincular. Se explicó que la imposibilidad de casarse de nuevo después del divorcio (razonable cuando se promulgó el Código Civil) violaba, a fines del siglo XX, el concepto de libertad establecido en la Constitución pues ignoraba los nuevos comportamientos sociales.

Las leyes no son eternas, se dictan para una circunstancia histórica determinada, las variaciones de época pueden barrer con su pertinencia y hasta con su legalidad. Así ocurre con la prohibición para casarse que pesa sobre personas del mismo sexo, en una sociedad más abierta, más respetuosa de las diversidades de género, menos discriminadora, donde cunden nuevas formas de familia y de pareja.

En ese contexto, limitar el derecho de casarse a parejas de distinto sexo es injusto, estigmatiza a quienes no lo son. Una lectura dinámica de la Constitución, una adecuación de su espíritu explica por qué es “sencillo” decidir. Pero, constitucional o no, la innovación es polémica para ciertos sectores de la opinión pública. Así las cosas, para la Corte lo mejor es vistear en qué anda el Congreso.

Tablero parlamentario (part I)
También simple, y escueto, es el proyecto de ley que el año pasado estuvo a un tris de ser considerado por el Parlamento. Lo impulsa, entre otros, la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro). Mociona la reforma del Código Civil vigente, en un solo artículo. Donde instituye que es requisito esencial del matrimonio “el pleno consentimiento expresado libremente por hombre y mujer” se sustituiría “hombre y mujer” por “personas del mismo o de diferente sexo”. La economía retórica de la modificación no es producto del azar ni de la desidia. Quiere subrayar la igualdad entre todas las personas, en sus derechos civiles.

El Frente para la Victoria (FpV) acompañó la iniciativa a fin del año pasado hasta que desde la Casa Rosada se resolvió aletargarla. Fue en las inminencias del viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Santa Sede. El jefe de Gabinete Aníbal Fernández, susurran legisladores frentistas y compañeros de ruta, sugirió que era inoportuno darle manija justo en las inminencias del encuentro entre Fernández de Kirchner y su par chilena, Michelle Bachelet, con el papa Benedicto XVI para conmemorar la mediación de Juan Pablo II que evitó la guerra entre los dos países. Cumplido el fasto y gambeteado el supuesto desplante al Papa, el bloque oficialista tiene la intención de sumarse a la movida. Su concurso es condición necesaria, aunque no suficiente. Ya se sabe: no tiene quórum propio pero es primera minoría, su número y su disciplina aseguran un núcleo importante de lealtades. No serán todos de la partida, porque se trata de una de las llamadas “cuestiones de conciencia” en las que se admite que los legisladores se aparten de la disciplina partidaria.

La estrategia del oficialismo es armar una agenda de normas de tinte progresista para remozar su imagen e ir tejiendo alianzas, así fuera contingentes, con partidos de centroizquierda. De paso cañazo, tratar de recuperar el favor de ciudadanos progres.

Néstor Kirchner ya se pronunció a favor del derecho al casamiento gay. Cuando Ibarra le dé entrada a su iniciativa en la Comisión de Legislación General, contará con el empuje del bloque del FpV. Agustín Rossi, su jefe, desea ir por más, según sinceró a sus compañeros de bancada. Sugiere legislar sobre otro tema tabú (hasta hace poco tiempo también distante del ideario de la conducción del kirchnerismo): extender los supuestos de despenalización del aborto.

El centroizquierda, incluido el estratégico bloque del socialismo, avalará la propuesta. Al radicalismo, los promotores de la idea lo proyectan dividido pero adicionando bastantes apoyos. Varios diputados de la Coalición Cívica alentaron la reforma u otras similares, queda por verse la postura que asume la líder, Elisa Carrió.

Desde luego, habrá resistencias firmes. Para la derecha, la igualdad de derechos civiles no es PRO.

La contra tiene abanderados cerriles. La diputada Cynthia Hotton (oriunda del PRO, ahora en monobloque, en tránsito acelerado hacia el cobismo) ya emitió señales el año pasado. Hotton, que es evangélica fervorosa, presentó en las comisiones del Parlamento un power point a su ver revelador de las diferencias insalvables que existen entre los heterosexuales y el resto de los seres humanos, que vedarían a éstos acceder al matrimonio. El PP no carecía de citas bíblicas, se chimenta.

Habrá compañeros peronistas y correligionarios boinas blancas que antepongan sus convicciones religiosas o sus criterios de conveniencia. El diputado Marcelo López Arias (salteño, justicialista en tránsito que pasó por el oficialismo y ahora regentea un monobloque) “cantó” las razones de un posible voto negativo ante sus colegas: “Yo tengo muchas más horas de procesión que de unidad básica”. No es el único. Hay quienes, sin mediar convicciones religiosas, se pliegan a la férrea objeción de la jerarquía de la Iglesia Católica. No los mueve la fe, sino la sumisión a un poder no democrático.

Las previsiones de los reformistas es que, en Diputados, “los números dan”. En Senadores, un cuerpo de talante más conservador, el conteo pinta más difícil. De cualquier modo, Miguel Pichetto, presidente del bloque oficialista, se ha comprometido a tratar de persuadir a sus compañeros. Un escollo de la cruzada reaccionaria que los enfrentará es la peronista Liliana Teresita Negre de Alonso. Sanluiseña ella, hará lo imposible por impedir que la ley se sancione. Negre de Alonso pertenece al Opus Dei y suele repartir cuadernillos que divulgan las enseñanzas del fundador de la Orden, José María Escrivá de Balaguer. Sus argumentos son intransigentes, quizá no sean los preponderantes entre quienes quieran cerrar el paso al avance legal.

Tablero parlamentario (part II)
Es bien factible que la mayoría de los cuestionamientos no se funde en una retórica rústicamente discriminatoria, clerical o sexista. Los opositores pueden buscar una línea que haga alguna reverencia a la corrección política, aunque cerrando el paso a un cambio profundo. La implantación de la “unión civil” para gays que quieran formar pareja es un posible atajo, menos agresivo en la forma, más receptivo en apariencia. Ibarra lo rechaza, tanto como las organizaciones que representan a la comunidad. “Se podría discutir un régimen nuevo, menos exigente en las obligaciones, con cierta protección a las parejas, con más facilidades para la separación. Eso podrá hacerse más adelante, para todas las personas, no creando un ghetto para minorías”, discurre Ibarra.

Aparte del demérito simbólico, la unión civil trae bajo el poncho la prohibición de adoptar (inimaginable en un matrimonio con todas las letras) para las parejas no heterosexuales.

De vuelta al Palacio
“Un cambio de paradigma merece un abordaje a fondo en la opinión pública, en los medios y en el Congreso”, predica Su Señoría. La inminencia del abordaje, deduce, justifica ralentar una virtual sentencia que sólo regiría para el caso sometido a juicio.

El criterio concuerda con la tesis no escrita que prima por estos días en la Corte: el Poder Judicial no debe ocupar el lugar que les compete a los otros estamentos del estado, que deben hacerse cargo de sus responsabilidades.

Claro que, a diferencia de lo que puede sobrevenir con el Fondo del Bicentenario, lo que se vote en el Congreso sólo tornaría abstracta la cuestión si aprobara el nuevo régimen. Si se rechazara o si no se llevara al recinto, los supremos deberán expedirse en las demandas por inconstitucionalidad. Si les hicieran lugar, así es nuestro sistema normativo, la ley seguiría rigiendo. Quienes quisieran cobijarse en la jurisprudencia deberían demandarlo, de a dos en fondo, caso por caso. Suena chocante al sentido común pero es la ley. No sería la primera vez: el régimen de riesgos de trabajo (declarado inconstitucional hace años) sigue rigiendo porque las empresas se oponen a convalidar una nueva legislación en línea con la interpretación constitucional de la Corte. Los poderes fácticos, tan celosos de la seguridad jurídica, se ne fregan en ella cuando les afecta el bolsillo o las creencias.

En fin, que todo depende de los representantes del pueblo y de las provincias. O de la Corte Suprema, si los legisladores se duermen o defeccionan.

mwainfeld@pagina12.com.ar

sábado, 13 de febrero de 2010

La verdad salió a la luz

Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania
www.pagina12.com

De pronto todo salió a la luz. Lo que nunca se dijo apareció en todos los medios de información. Los problemas graves que tiene la Iglesia Católica alemana con el comportamiento sexual de sus sacerdotes y frailes. Ha sido el tema de tapa de los principales medios de comunicación, día tras día. El Die Zeit y el Spiegel –los dos semanarios de información más leídos en Alemania– le dedicaron al tema el estudio central de esta semana. El primero titula en la tapa: “El peligro satánico”, y el subtítulo es: “¿Por qué los hombres de la Iglesia se convierten en culpables?”. Y en la bajada se señala: “Desde que fueron denunciados los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos en el Colegio Canisius de Berlín, toda Alemania está preocupada: ¿Cómo se reconoce a los culpables? ¿Cómo se protege a los niños?”. Por su parte. Der Spiegel muestra en tapa a un sacerdote que lleva las manos en sus partes pudendas por encima de la sotana. El título de esa tapa es: “Los santos transparentes”, y como subtítulo: “La Iglesia Católica y el sexo”. Y el estudio del estado actual de la ética católica en colegios e instituciones lleva la frase: “Vergüenza y miedo. La Iglesia Católica ha sido estremecida por una serie de casos de abuso sexual. Y esto no solamente en las escuelas de jesuitas. Casi cien eclesiásticos en la denuncia de violaciones sexuales, en los últimos años. Luego de décadas de silencio, se ha quebrado ahora el muro del silencio”.

Todo se inció con la denuncia de lo ocurrido en el colegio Canisius de Berlín. Ese día, el 2 de febrero último, el diario Frankfurter Rundschau tituló: “Vergüenza enmudecida”, “Casos de abuso sexual en el Colegio Canisius de Berlín sacude a la Iglesia Católica. Más víctimas se presentan en otras escuelas”. Y ahí comenzó la discusión que va dejando en claro cómo las autoridades católicas han tratado de guardar silencio y esconder los graves hechos anteriores. Y eso que la misma Iglesia había sido sacudida por las denuncias de los abusos cometidos por sacerdotes y frailes en Irlanda, en Canadá, en Australia y en Estados Unidos.

En Irlanda se conoció en 2009 el Informe Ryan, que descubre y denuncia el abuso sexual masivo, sufrido desde 1930 por niños irlandeses internados en escuelas católicas. Miles de víctimas recibieron una indemnización de por lo menos 1,3 mil millón de euros. La Iglesia Católica irlandesa se mostró dispuesta a pagar una cuarta parte de esa suma y el resto fue puesto por el gobierno irlandés. Medio año después, dos obispos de Dublín renuncian a sus cargos. Lo mismo hacen varios diáconos y sacerdotes luego de que una investigación demostrara que hubo más de 300 casos de abuso sexual contra niños.

Con respecto a Canadá, en 2008 la Iglesia Católica reconoce que el sacerdote Charles Sylvestre violó a 47 adolescentes, según su propia confesión pública. El papa Ratzinger se disculpa ante los pueblos originarios, ya que las niñas pertenecían a una escuela de esa religión para “reeducación” de los descendientes de antiguos habitantes. El gobierno canadiense paga 2000 millones de dólares a las víctimas y la Iglesia Católica participa con 79 millones.

En Australia, en 2008 se publica la investigación Mullighan, donde se denuncia el abuso sexual de centenares de menores de edad por parte de sacerdotes católicos. Fueron condenados 107 curas. Se cree que las cifras de las víctimas ascienden a miles. La Iglesia Católica se disculpó por los hechos. Ya en 2004, en Estados Unidos, fueron acusados 4400 sacerdotes por abuso sexual, número que en 2005 ascendió a 5000. La Iglesia Católica pagó, a raíz de esto, dos mil millones de dólares a las víctimas. El obispado de Los Angeles lo hizo por 600 millones de dólares. Todos estos hechos vergonzosos provocaron la renuncia del obispo de Boston, cardenal Bernard Law, acusado de proteger a los curas causantes de las violaciones. Sebastian Gehrmann, un sociólogo que estudia el problema, señala que esto ha provocado la bancarrota de varias diócesis de Estados Unidos, especialmente de la de Boston. Y que en 23 países existen denuncias de agresiones de clérigos hacia monjas, de niños sordomudos en Italia, menores de edad en Austria y niños en Polonia. Y agrega que la lista desgraciadamente es mucho más larga.

Luego de la denuncia ocurrida por los sucesos en el colegio Canisius, se originó en Alemania una ola de denuncias de ex alumnos de escuelas religiosas. Por las mismas, se hallan acusados de abuso de niños y adolescentes por lo menos 94 sacerdotes y laicos católicos. Tanto es así que se tiene en Alemania el temor de que se produzca un verdadero terremoto de denuncias, como ocurrió en Estados Unidos e Irlanda. El Spiegel se pregunta: “En esos dos países salieron a la luz diez mil casos de abusos sexuales. ¿Alemania alcanzará también esas cifras?”. En el Die Zeit, los autores del estudio señalan: “En enero de 2002 fue acusado el cura John Geoghan en Boston de haber abusado sexualmente de 130 niños durante sus treinta años de sacerdote. Pero no fueron los hechos que llevaron a la condena de ese cura a diez años de prisión los que levantaron la furia de la población contra la Iglesia Católica, sino que la jerarquía eclesiástica supiese muy bien de las fechorías del cura Geoghan pero, en vez de separar al cura de la comunidad, pagase a las familias cuyos niños habían sido abusados por él sumas importantes de dinero para que guardaran silencio, y trasladaran al autor de esos hechos criminales a otras comunidades católicas sin advertirles a éstas quién era el sacerdote que llegaba”. Una especie de método para “no levantar la perdiz”. Fue así que durante esos años, 4392 sacerdotes norteamericanos cometieron delitos por abuso de menores. Pero la Iglesia Católica norteamericana siguió con su táctica de pagar dinero a las víctimas y trasladar a los curas en vez de buscar soluciones por medio del estudio profundo del origen de esos delitos.

En las investigaciones que mencionamos se llega a la conlusión de que no hay acción más pérfida que la violación o el abuso sexual de menores. Y que todo esto no se soluciona con la condena de los autores de tales violaciones ni con el pago de indemnizaciones a las víctimas. Se anuncia que a partir del 22 de este mes la Conferencia de Obispos Católicos Alemanes se dedicará al tema de violaciones y abusos. Evidentemente se tendrá que ir al fondo de la cuestión. Y en eso está en claro que, quiérase o no, deberá comenzar el debate acerca del voto de castidad de los sacerdotes. Alemania misma tiene el ejemplo: los pastores de la Iglesia Evangélica luterana pueden casarse y tener hijos. Los sacerdotes católicos, no, deben ser “castos” desde que nacen hasta que mueren. Veamos pues entonces las estadísticas, comparemos. Los cristianos de la línea luterana no tienen ni por asomo los delitos que ensombrecen a la Iglesia Católica.

En primer lugar, las jerarquías católicas deberían recurrir a la experiencia del ser humano y a la ciencia. Hacer cursos con psicólogos, con médicos, sí, hasta con poetas, acerca de palabras como amor, cuerpo humano, hijos. Y de allí, al estudio de todos los complejos y hasta enfermedades mentales que se originan con las prohibiciones, llamados “pecados” por el catolicismo. Preguntarse desde cuándo y quién impuso lo de la llamada “castidad” y aquello de que sólo el hombre, como sacerdote, puede ser representante de Dios en la Tierra. No es así. La mujer es parte de la vida, fundamental, y no sólo está para rezar del lado de enfrente del altar sino para actuar y acompañar.

La Iglesia Católica –ya desde antes de la elección del alemán Ratzinger, como Papa– está en declinación. Se nota en el reducidísimo número de aspirantes a sacerdotes que se presentan por año y en el número de iglesias que van cerrando en sus ciudades, por falta de fieles y de sacerdotes. Pasan a ser museos, salones de exposiciones, restaurantes y hasta salones de baile.

Creemos que les ha llegado el momento, a quienes manejan esa inmensa corporación mundial religiosa, de pensar otras metas. No prometer paraísos en otras vidas sino llevar la verdadera religión de la bondad y la justicia aquí, en la Tierra. Seguir el camino de esos obispos Angelelli y De Nevares, a quienes conocí a fondo, y eran pura sinceridad y llevaban la palabra solidaridad en los labios y la cumplían todos los días a toda hora, igual que aquellos padres palotinos, aquel padre Mugica, y ese padre Antonio Puigjané, a quien visité tantas veces en la cárcel injusta, pero que siempre salía para extender la mano y marcar el surco.

Se hace necesaria una organización verdaderamente cristiana que ayude con la varita mágica de los comedores infantiles, con la creación de fuentes de trabajo, de procurar un techo digno para todas las familias. Juntar lo bueno del cristianismo con lo bueno del socialismo. No hay mejor paraíso que el que se puede crear en la propia Tierra y no dejarse llevar por fantasías que han ayudado a mantenerse en el poder a un sistema injusto, apoyado por las armas, las guerras y la explotación del hombre por el hombre. Y no continuar con todos esos pavos reales disfrazados que fueron a saludar a dictadores y dieron misas a los desaparecedores.

Esperemos que en los próximos concilios comience a debatirse en serio el verdadero rol de la Iglesia en la sociedad. Jesús actuó aquí, en la Tierra, e hizo saber sus enseñanzas a sus discípulos. Y por eso perdió la vida como tantos que siguieron sus verdaderas huellas por la verdadera paz eterna. Aquella que busca hacer desaparecer las violencias de una sociedad, siempre originadas en las injusticias sociales.