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CORTO GAY: Postmortem

sinopsis: Dos ex novios se encuentran años más tarde luego de una dolorosa ruptura para reconocer que la amistad no es siempre cosa fácil.

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La abuela y Alessandra Rampolla - Susana Gimenez 2010

La sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla se sentó en los sillones blancos del set de Susana Giménez a charlar de sexo con la anfitriona y la abuela (Antonio Gasalla). Se trató de una conversación hilarante en la que el humorista se lució totalmente.

Alessandra, sexóloga reconocida a nivel mundial y revolucionaria en su rubro, comenzó hablando del punto G y cómo su ubicación varía en cada mujer.

El momento cúlmine llegó cuando Rampolla explicó, respondiendo a la abuela, cómo se coloca un preservativo con la boca. Genialmente, Gasalla probó el acto con el dedo de la puertorriqueña.

Discriminar con autorización

El director del Registro Civil avaló que los cinco funcionarios argumentaran “objeción de conciencia” para no cumplir la ley de matrimonio igualitario. Hay un pedido de informes por el caso y una inminente denuncia en la Justicia y el Inadi.

Por Soledad Vallejos

En Córdoba, al menos cinco oficiales del Registro Civil se niegan a cumplir la ley y cuentan para ello con el amparo de su director, Lorenzo Gatica. Se trata de funcionarios que, porque “no quieren ser afectados” por la labor, alegan “objeción de conciencia” para no casar a parejas integradas por personas del mismo sexo. La decisión fue posible gracias al beneplácito de Gatica, quien a fines de agosto distribuyó un instructivo en su jurisdicción para recordar que la Constitución provincial considera “inviolables” la libertad religiosa y de conciencia. Con esos argumentos, Gatica autorizó a que funcionarios públicos, alegando su moral privada, incumplieran la ley de matrimonio igualitario. “No se los puede obligar a hacer algo contra su voluntad, se niegan a casar parejas homosexuales y yo no los puedo obligar”, afirmó el funcionario. Sin embargo, la resolución ya le valió un pedido de informes (de acuerdo con la ley pública provincial), una inminente demanda penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y una denuncia ante el Inadi. Así lo explicó la abogada cordobesa Natalia Milisenda, representante de la ONG Devenir Diverse, que integra la Federación Argentina LGBT (Falgbt).

La ley de matrimonio igualitario no admite objeción de conciencia. “Ningún oficial público puede negarse a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Cualquier propuesta de legitimar esta práctica ilegítima resulta claramente discriminatoria e inconstitucional”, explicó a este diario el dirigente Esteban Paulón, nuevo presidente de la Falgbt.

El funcionario Gatica declaró al diario Día a Día que, de acuerdo con su interpretación, la Constitución provincial cordobesa tiene preeminencia por sobre la ley de matrimonio igualitario, en lo que a libertad religiosa y de conciencia se refiere. El ejercicio de esos derechos, aseguró, “queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público” y “nadie puede ser obligado a declarar la religión que no profesa”. Gatica afirmó que ambas observaciones son aplicables a la ley de matrimonio civil sancionada y promulgada este año. Los “objetores de conciencia”, contó, son “cuatro o cinco” oficiales a quienes no es posible “obligar a hacer algo en contra de su voluntad”, como casar parejas integradas por personas del mismo sexo. “La Constitución provincial avala la libertad de conciencia, y por eso aceptamos la objeción”, continuó, para luego aclarar que, de todas maneras, ese tipo de decisión por parte de oficiales del Registro Civil “no impide que las parejas gays contraigan matrimonio”. La ecuanimidad, sostuvo el funcionario Gatica, reside en que “a todos se les garantiza el derecho a casarse y para ello se designa a otro oficial que no presenta reparos de conciencia”. Todos los funcionarios de una localidad cordobesa podrían rehusar cumplir con su función: “Si hace falta, los casa el intendente de la ciudad”.

“Exigimos la retractación del funcionario de inmediato o procederemos a la denuncia penal”, aseguró Paulón en diálogo con este diario. Negarse a cumplir con lo que manda la Ley 26.618 de matrimonio civil igualitario hace que los funcionarios sean “penalmente responsables y pasibles de las sanciones que establecen los artículos 248 y 249 del Código Penal” para quienes no cumplan con sus deberes públicos.

En Córdoba, “las parejas se están casando de todas maneras”, aclaró la abogada Milisenda. “Pero la gravedad del caso es que un funcionario que es director del Registro Civil provincial se haya auto-otorgado potestades que no tiene al autorizar una objeción que no existe y que nuestro sistema normativo no permite.” El artículo 42 de la ley de matrimonio, recuerda, “dice que ninguna otra disposición legal puede entenderse de manera que restrinja o altere los derechos de las parejas integrados por personas del mismo sexo. El prejuicio no deja ver la gravedad del caso: un funcionario no puede decir ‘no hago esto porque es judío, gay, lesbiana...’ Un funcionario tiene que cumplir la ley, porque es general para todos”.

Ricky Martin es más creativo tras declararse gay

De acuerdo con el productor Desmond Child, quien se encuentra trabajando con Ricky Martin en su nuevo material, el cantante se comunica de manera más abierta desde que reveló que es gay.
Letras de canciones de Ricky Martin

Varios sitios de Internet han replicado las declaraciones de Child, quien se mostró entusiasmado con los resultados del regreso a la música del puertorriqueño.

“Estoy muy entusiasmado con la música, el contenido porque, desde que ‘salió’ desató su creatividad y la manera en la que puede cantar, sobre lo que canta y hace. Es una persona formidable; activista, filántropo y humanitario”, expresó el productor.

Todo eso, agregó, más la experiencia de ser padre, se verá reflejado en las canciones que vendrán incluidas en el nuevo disco de Ricky próximo a salir.

Planifican construir un barrio para gays en ciudad mendocina de Guaymallén

Tres emprendedores inmobiliarios de la provincia de Mendoza trabajan en las gestiones para construir un barrio para personas homosexuales en la ciudad de Guaymallén. La iniciativa ha generado una fuerte polémica ya que las primeras informaciones aseguran que el lugar sería exclusivamente para gays.

La noticia ya provocó cuestionamientos desde diferentes sectores de la sociedad que califican el plan de discriminatorio hacia personas heterosexuales.

Uno de los desarrollistas, Antonio Forte, de la empresa Negocios Inmobiliarios, en diálogo con Cadena 3 explicó de qué se trata el proyecto y aclaró que cualquiera pueda ir a vivir a dicho complejo.

En ese sentido, el empresario descartó cuestionamientos sobre discriminación.

“Tendrá las características de un barrio común y silvestre. La connotación social que le quiera dar la gente corre por cada uno. Hay una cantidad de barrios abiertos y cerrados, y nadie habla de discriminación. Quizá ahora se la nombre porque este tema está en toda la opinión pública”, aseguró.

“El que quiera acceder y el que pueda a gusto y a criterio, lo puede hacer, y no hay nada que les impida vivir. Lo mío no es abrir juicio sobre el estilo de vida de cada uno, sino la construcción”, se excusó Forte.

Por otra parte, el desarrollista señaló que han patentado la iniciativa a nivel nacional y podría radicar “gay village” en cualquier lugar del país. En ese sentido, resaltó la posibilidad de construir barrios en San Luis y Córdoba.

“Hoy nos agarra en Guaymallén por una cuestión de principios, pero puede ser Córdoba, San Luis o el lugar donde fuere “, puntualizó.

Los que no quieren casar a las parejas gays

Tras la aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, jueces de paz y agentes del Registro Civil sugirieron que no acatarán la nueva ley. Las organizaciones sociales se aprestan a presentar denuncias y abrir causas penales.
Por Soledad Vallejos

Ante los ojos de quienes durante meses se opusieron a la sanción del matrimonio igualitario, los debates en la sociedad, el visto bueno del Congreso y la promulgación presidencial no tienen validez alguna ante “la ley de Dios”. Así lo han enunciado en distintos, aunque pocos (solamente cinco), lugares del país funcionarias y funcionarios que alegan una presunta “objeción de conciencia” para no aplicar una ley civil. Como sucedió durante el largo proceso que culminó con la sanción en la madrugada del jueves 15, la estrategia de los sectores integristas es insinuar y nunca decir. Jueces de paz, funcionarios del Registro Civil y hasta un gobernador han echado mantos de sospecha para no revelar que tras el reparo se agazapa el juicio moral, en una estrategia que se sirve de recurrir al discurso del Estado de derecho y las minorías para disimular el peso del prejuicio y las presiones eclesiásticas. Tal como pasó cuando la ley era proyecto y transitaba por las cámaras del Congreso, el rechazo a la igualdad tiene un perfil bien definido, tanto que algunas caras y palabras resultan conocidas y previsibles. Como sea, las acciones legales contra esos ejercicios de discriminación y supuestas rebeldías civiles están al caer, confirmó a este diario la presidenta de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), María Rachid: en los casos ya conocidos, “vamos a presentar denuncias penales por apología del delito, y reclamos civiles a favor de los damnificados en caso de que nieguen turnos a las parejas, y reclamos por daños y perjuicios”.

María Rachid reconoce que, al empezar a trabajar para lograr un matrimonio inclusivo, la Falgbt estudió lo sucedido en otros países. “Por eso sabíamos que, luego de la aprobación, quienes se oponen tienen dos estrategias. Una es hacer presentaciones de inconstitucionalidad, que dijeron que van a presentarlas, aunque saben que no tienen muchas posibilidades de que eso prospere. De hecho, ya trascendió que de seis de los jueces de la Corte Suprema ya firmaron a favor del amparo presentado por Claudia (Castrosín Verdú) y por mí. La otra estrategia que usaron es la de apelar a las objeciones de conciencia o llamar a la desobediencia civil. Pero en otros países, así como se inició, esa estrategia se terminó inmediatamente cuando esos funcionarios fueron sancionados. En España, cuando uno de los jueces fue multado, en euros, se terminaron esas objeciones.”

–Aun cuando preveían reacciones de este tipo, ¿se sorprendieron?

–En realidad, en otros países hubo más. Pero tal vez la diferencia no tenga que ver con esa gente, sino con que acá la ley es muy clara sobre el tema y los funcionarios públicos se arriesgan a sanciones importantes. Hay que ver si alguno de los que salieron a hacer declaraciones cumple con lo que dijo. Decir que se oponen no implica nada.

–¿Es posible iniciar acciones legales contra quienes estos días anunciaron que se negarán a aplicar la ley?

–El Código Penal es claro. Hay dos artículos que aplican. El 248 refiere el abuso de autoridad: un funcionario público que no cumple con la ley que le incumbe de manera directa incurre en eso. El otro es el 249, de omisión de deberes de funcionario público. La sanción en casos de apología del delito implica prisión; la primera vez es excarcelable, si hay reincidencia el beneficio puede perderse.

–En el caso de Mendoza, el relevamiento de posibles objetores de conciencia que pidió Celso Jaque indicó que ninguno de los 108 funcionarios provinciales encargados de casamientos se niega a aplicar la ley. Jaque no volvió a mencionar el tema en público. ¿Qué pasará en ese caso?

–El Inadi de Mendoza envió una carta al gobernador pidiendo que ratifique o rectifique lo que declaró, porque de ser así cabe una denuncia por apología del delito. A principios de esta semana deberíamos tener una respuesta. De todas maneras, no puede sorprender a nadie que Jaque haya dicho eso. Ya ha hecho declaraciones discriminatorias y antidemocráticas en varias oportunidades, como cuando habló de impulsar la castración química y el registro público de violadores y debió retractarse a las dos semanas. Suele salir con exabruptos antidemocráticos y discriminadores.

–¿Qué podría suceder en el futuro cercano?

–Estamos convencidos de que, como en otros países, con el primer funcionario sancionado el recurso de hablar de objeciones se va a terminar. Sabemos que en todas las jurisdicciones va a haber funcionarios que casen a las parejas, ése no es el problema, pero sí vamos a buscar a los que no quieran cumplir con la ley. Es una actitud antidemocrática. Pueden estar de acuerdo o no, pero deben respetar la ley votada por el Congreso nacional. No es que uno no cumple la ley cuando no está de acuerdo.


Mártires ante el mal

“Aunque me cueste la vida”, declamó dramáticamente la jueza de Paz pampeana Marta Covella a poco más de un día de sancionada la ley, cuando se encargó de comunicar su disgusto al periodismo de su provincia. Por “cristiana evangélica”, dijo, no podía acordar con una ley capaz de regularizar “una relación entre homosexuales (que) es una cosa mala delante de los ojos de Dios”. La funcionaria del Estado agregó: “Me crié leyendo la Biblia y sé lo que Dios piensa (sic). Dios ama a toda la gente pero no aprueba las cosas malas que hace la gente”. Por ser “contrario a la ley de Dios”, el matrimonio igualitario no contará con su aquiescencia. Para esquivar posibles recriminaciones y sanciones, agregó que de todas maneras pondría “a disposición todo lo que esté a nuestro alcance” para que las parejas puedan casarse: “Alguien va a casar a esas parejas, si se presentan los pedidos, pero no seré yo”. La diputada Elisa Carrió respaldó la postura de Covella: “Tendría que existir esta supuesta objeción de conciencia, porque no habría que confrontar”.

Sólo unos días después, la encargada de una delegación sanjuanina del Registro Civil explicó a la prensa qué le indicaba su “formación religiosa”, puesta a trabajar como funcionaria. Autodefinida “defensora de la familia”, la encargada del registro en el Barrio Los Pinos (Chimbas), Angela de Herrero, afirmó que con la sanción del matrimonio igualitario “se nos ha complicado el trabajo”, por la tensión entre el imperio de la ley y el peso de los deseos personales. Su decisión, dijo, era no casar a parejas integradas por personas del mismo sexo, aunque sabe que por ello “podría recibir sanciones”. La señora lleva 37 años trabajados en el registro civil; 25 de ellos en Chimbas.

La rebeldía ante lo “contrario a la ley de Dios” se esgrimió en otro pueblo de La Pampa, Eduardo Castex. Allí, la jueza de Paz Telvi Ali Tás, en cumplimiento de una suplencia, dijo que no sabría qué hacer si su trabajo la impelía a casar a una pareja de varones o mujeres. “La verdad es que lo tendría que pensar muy bien, porque no lo acepto. Si me tocara hacerlo, me pondrían entre la espada y la pared. Me parece que lo pensaría muy bien” porque “va contra mis principios”, declaró a un diario. Y agregó que “esto (el matrimonio igualitario) va contra lo natural”, y que “nadie va a cambiar mi pensamiento”.

Clara como resulta, la línea argumentativa presupone que violencia es aplicar la ley civil de un Estado laico, en lugar de permitir que prime la perspectiva confesional. En nombre de la caridad cristiana, quienes no acuerdan con lo sancionado se proclaman víctimas de un orden social ajeno.


La rebelión de las conciencias

“La ley de matrimonio que aprobó el Congreso no incluye la posibilidad de la objeción de conciencia, pero al margen de eso, está en el orden jurídico la objeción de conciencia”, declaró el director del registro civil de Concordia, Alberto Arias. Funcionario público y “abogado canónico” que representa, entre otros, los intereses de la catedral de Concordia y las Carmelitas Descalzas (según él mismo ha contado), Arias conoció una efímera notoriedad días atrás al replicar que no casaría a una pareja de varones, pero sí a Alfredo Astiz (solamente con una mujer). “¿Por qué no lo voy a casar al pobre hombre? Si no, no se puede rezar más el Padrenuestro, si no perdonamos no podemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar acusando?” El mismo abogado retomó argumentos sostenidos por jerarcas de la Iglesia Católicas: ampliar el matrimonio civil fue “un error” porque constituye “una especie de igualitarismo que no corresponde”. El “nuevo orden jurídico se va a respetar (...) se van a celebrar esos matrimonios. Pero no hay que obligar a nadie a celebrarlos”.

Esa misma lógica respaldó las intervenciones de Celso Jaque cuando encargó la confección de un registro de funcionarios que adujeran objeción de conciencia . Desde Misiones, el director del Registro Civil César Yaya, anunció que, aunque la provincia estaba lista para implementar la ley, su gestión procuraba no “incomodar”. “Tengo que cumplir con la ley en primer lugar –advirtió–, aunque voy a considerar a quienes tenga objeción de conciencia. Tampoco la idea es ponerlos en una situación incomoda, pero seguro que lo celebraremos con otra persona.”

De quienes se oponían la ley, sólo el senador Adolfo Bermejo parece recordar las disposiciones institucionales. “En la ley que fue promulgada –dijo–, ningún artículo hace mención a la objeción de conciencia. Sí lo tenía el proyecto de unión civil(N de la R.: precisamente ese artículo motivó un dictamen del Inadi en su contra, por inconstitucional) pero no en ésta finalmente.”