Radiografía de los grupos que presionaron al Congreso y a la Justicia contra el matrimonio gay

Esa bonita gente

POR BRUNO BIMBI

Mauricio Macri “faltó gravemente a su deber de gobernante y custodio de la ley”, dijo el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, al reprocharle al jefe de Gobierno porteño no haber apelado el fallo judicial que habilitó la celebración del primer matrimonio gay de la Argentina, que se concretará el martes próximo.

No fue la única voz en contra, hubo otras.

"EL COLEGIO". “Más críticas por el casamiento gay: el Colegio de Abogados de la Ciudad expresó que el fallo está viciado de nulidad absoluta”, tituló La Nación el pasado 19 de noviembre, diez días después del fallo de la jueza Seijas que habilitó el casamiento de Álex Freyre y José María Di Bello. Era la segunda declaración que publicaba la entidad, que ya se había manifestado durante el debate en el Congreso, señalando que “es inadmisible la equiparación entre una institución como el matrimonio que, según la naturaleza y la ley positiva, está ordenada a transmitir la vida, educar a los hijos y buscar la plenitud personal de quienes la contraen, con una asociación carente de toda trascendencia positiva social y personal, que sólo constituye una manera de satisfacer tendencias individuales”. Algunos lectores dejaron comentarios manifestando su sorpresa: “Es paradójico que el Colegio de Abogados esté en contra de la igualdad ante la ley”, expresaba Diego. Pero faltaba un dato para entender la noticia.

La ley 23.187 establece que para ejercer la profesión de abogado en la ciudad de Buenos Aires es necesario “hallarse inscrito en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”. En abril del año pasado, 13.855 abogados porteños votaron en las elecciones de esa entidad, en las que Jorge Rizzo fue elegido presidente por 7.296 votos contra los 6.592 que obtuvo Daniel Sabsay, el segundo más votado. Votó cerca de un 25% del padrón, integrado por unos 57 mil abogados matriculados. Ése no es el colegio que milita contra el matrimonio gay.

A diferencia del Colegio Público, que es una entidad representativa del conjunto de los abogados de la ciudad, que eligen a sus autoridades por elecciones, en las que pueden votar todos los profesionales matriculados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo nombre puede confundir al lector desprevenido, es una entidad minoritaria, de afiliación voluntaria, con una clara tendencia ideológica de derecha, que cuenta actualmente con apenas 1.155 socios activos, entre ellos José Claudio Escribano, ex directivo del único diario que publica todas sus declaraciones. Su actual presidente es Enrique del Carril, quien firmó los textos contra el matrimonio gay. Entre sus socios honorarios se encuentran José Alfredo Martínez de Hoz (h), quien también integra la comisión directiva, Eugenio Aramburu (h) y Roberto Durrieu, que ocupó la presidencia antes de Del Carril. Durrieu fue subsecretario de Justicia durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla. “El Colegio” también cuenta entre sus socios a los abogados defensores de Alfredo Astiz, Juan María Alberg Cobo, y de Miguel Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía. La lista podría ampliarse en la misma dirección.

Además de luchar contra los derechos de los homosexuales, “el Colegio” realiza periódicas declaraciones contra la despenalización del aborto, pero su especialidad es defender a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

“Este Colegio de Abogados alerta a la población sobre un modo de actuar, propiciado por funcionarios del Gobierno y periodistas que pertenecieron a las organizaciones terroristas en la década del setenta, signado por el propósito de venganza al cual se lo disfraza como una falsa búsqueda de justicia removiendo odios que la sociedad desea superar”, decía la declaración firmada por Del Carril en nombre de la entidad, tras el pedido de captura ordenado por la Justicia contra “un destacado socio de nuestro Colegio, el Dr. Eduardo Aguirre Obarrio”, en marzo del año pasado. Obarrio fue ministro de Defensa de Lanusse y es considerado uno de los responsables de la Masacre de Trelew, que consistió en el asesinato de 19 presos políticos durante esa dictadura.

LOS ABOGADOS CATÓLICOS. Otra de las entidades que milita activamente contra el matrimonio gay es la Corporación de Abogados Católicos, presidida por Eduardo A. Bieule. El encargado de manifestar la posición de la entidad en las audiencias de Diputados fue su vicepresidente, Eduardo Sambrizzi, también socio del “Colegio”. Además, el grupo presentó un recurso judicial pidiendo la nulidad del fallo de Seijas y sostuvo en un comunicado que “la negativa a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio no constituye un acto discriminatorio”.

Lo más interesante de la declaración de “la Corporación” es que afirma que “ningún legislador ni juez puede modificar el hecho de que el matrimonio debe ser celebrado entre personas de distinto sexo”. Es decir, niega la facultad de dos poderes del Estado que, según la Constitución, se encargan respectivamente de dictar las leyes y controlar su constitucionalidad.

Además de presidir “la Corporación”, Bieule es uno de los fundadores de Abogados por la Justicia y la Concordia, una entidad que participa de las marchas de Cecilia Pando. En un texto que lleva su firma, ese grupo sostiene que los militares detenidos por torturas, asesinatos y robo de bebés son “presos políticos”.

CENSUREN A FERRARI. Otro de los pedidos judiciales para anular la sentencia de Seijas e impedir el matrimonio de Freyre y Di Bello fue presentado por el abogado Pedro Andereggen. El letrado había saltado a la fama en 2004 cuando, junto a tres colegas, presentó un recurso en nombre de la agrupación Cristo Sacerdote pidiendo la clausura de una muestra del artista plástico León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta. En su escrito, Andereggen decía que las obras de Ferrari “causan una herida a los sentimientos religiosos de los creyentes”. La censura contra el artista fue promovida conjuntamente por el grupo patrocinado por Andereggen y la Agrupación Custodia, que repartía volantes que decían: “Los derechos de los hombres no pueden pisotear los derechos de Dios”.

Los “custodios” también tuvieron activa militancia contra el matrimonio gay y concurrieron semanas atrás a las audiencias en la Cámara de Diputados. Esta vez, sus volantes decían: “No a las uniones de putos”. El grupo está liderado por los hermanos Jorge y Marcelo Gristelli, vinculados con el cura castrense Antonio Baseotto y dueños de la librería Santiago Apóstol –donde vendían libros de “conversaciones con Mussolini” y obras de autores destacados como Miguel Etchecolatz y Mohamed Alí Seineldín–, y cuenta entre sus filas al carapintada Emilio Nanni, el del parche en el ojo. Su odio antigay lo llevó, años atrás, a acudir con un grupo de choque armado a la Marcha del Orgullo, provocando violentos incidentes de los que el autor de esta nota fue testigo.

Jorge Gristelli, uno de los líderes de custodia, firmó la convocatoria a un acto contra la obra de Ferrari junto a Antonio Caponnetto, director de la revista Cabildo. Esa publicación dedicó su última portada a los homosexuales, pero suele ocuparse también de los judíos, afirma que “el antisemitismo es un invento”, que las Madres de Plaza de Mayo son un grupo terrorista, cuestiona la validez del Juicio de Núremberg y publica loas al ex dictador español Francisco Franco.

Y MÁS. Las exposiciones en la Cámara de Diputados incluyeron, entre otros, al psicólogo Diego Sauan, vinculado con el Ministerio Restauración, una organización pseudocientífica que dice que “cura” la homosexualidad y forma parte de Exodus, la secta internacional que ya llevó a muchos homosexuales al suicidio.

Junto a todos los nombrados, hubo otros destacados panelistas y algunos lectores de La Nación que colaboraron con sus cartas contra el matrimonio gay, a razón de una por día. Entre las últimas, no podía faltar la firma de Cecilia Pando.