Son abogados vinculados con la revista neonazi Cabildo y con los defensores de los represores de la última dictadura. Ya habían logrado interferir en casos de abortos no punibles. Y tuvieron una actuación violenta contra una muestra de León Ferrari.Por Soledad Vallejos
Los cruzados en contra del matrimonio para personas del mismo sexo no son unos desconocidos: además de haber procedido como por ensayo y error en distintos juzgados hasta dar con uno que los ayudara a frenar la boda entre Alex Freyre y José María Di Bello, tienen una historia que los vincula con todos los temas posibles de la agenda reaccionaria de los últimos treinta años. El cierre de exposiciones impías como la retrospectiva que León Ferrari armó en 2004, las quejas ante estrenos sacrílegos como el del film El Código Da Vinci, los disturbios en charlas sobre el aborto son algunas de las más conocidas. A ellas habría que sumar, al referirse a casi todos los involucrados, la defensa de los militares represores de la última dictadura.
Ante el riesgo de un posible matrimonio entre dos varones recurrieron a argumentos más o menos en común: un orden natural en riesgo, la amenaza total a los derechos de incidencia colectiva, la necesidad esencial que todo niño y toda niña tienen de contar con padre y madre, varón y mujer. Son pocos, poquísimos. Esa conciencia los lleva a multiplicar y distribuir esfuerzos, pero llevan el método a tal grado de sistematicidad que terminan por parecer una gran familia, aun cuando entre sí no se reconozcan como tales.
El martes, dos medidas cautelares diferentes frenaron el casamiento de Freyre y Di Bello. Una de ellas, la menos mencionada, provenía de la Sala E de la Cámara Civil de la Nación, que había acogido una denuncia que la jueza María Rosa Bosio, del Juzgado Civil 92, había rechazado, compartiendo opinión con la fiscal Raquel Mercante, por improcedente. En la presentación inicial, realizada el 17 de noviembre, Pedro Javier Andereggen pidió la nulidad de la autorización que la jueza Gabriela Seijas había dado para que dos varones se casaran; argumentó que la magistrada no tenía competencia para revisar una cuestión de fondo vinculada con el Código Civil. Tras ser desestimada su causa, Andereggen, que se presentó como un interesado particular y querelló nada menos que a un expediente (algo tan inusual que suele ser improcedente), se recuperó del revés rápidamente. La Sala E de la Cámara, integrada por Juan Carlos Dupuis, Fernando Racimo y Mario Calatayud (y que tiene por secretario a Juan Manuel Leguizamón Houssay), resolvió atender su queja el mismo 1º de diciembre, y notificó rápidamente la medida cautelar al Registro Civil de Beruti y Coronel Díaz.
“Es un fallo excelente y puso las cosas en su lugar”, declaró rápidamente Andereggen a la agencia Notivida, lo cual es coherente con su trayectoria: en 2004, fue uno de los patrocinantes de la Asociación Cristo Sacerdote, que pidió a la jueza Liberatori el cierre de Retrospectiva: Obras 1954-2004, de León Ferrari, por dañar los sentimientos religiosos “de la mayoría” del pueblo argentino, y hacerlo doblemente porque las obras contaban con el amparo de una entidad estatal, como el Centro Cultural Recoleta. Para no faltar a la verdad, preciso es recordar que también patrocinaron esa causa Pablo Falabella, Francisco Roggero y Joaquín Otaegui (cuyos fantasmas, en los últimos dos casos, sobrevolaron la medida cautelar contra Freyre y Di Bello). Andere-ggen también patrocinó a Alberto Solanet (presidente de la Corporación de Abogados Católicos) el 1º de agosto de 2006, a la hora de apelar una sentencia de la Suprema Corte bonaerense del día anterior que autorizaba (innecesariamente, dado que encuadraba en lo tipificado como no punible, según reconoció el propio fallo del tribunal) el aborto terapéutico en el sonadísimo caso de LMR, la joven discapacitada mental violada por su padrastro. Como abogado de Solanet, Andereggen explicó que la Corporación procuraba evitar un “aborto u homicidio prenatal”. Por ello se presentaba en defensa de la “persona por nacer”, al considerarla “una persona carente de recursos”, y porque el estatuto 3 de la institución puntualiza que su misión es que los valores morales de “la Doctrina” y “el Magisterio” de la Iglesia, “intentando que éstos regulen las acciones de los individuos y la sociedad”. Andereggen también forma parte de la Sociedad de Abogados Penalistas, tiene un estudio declarado en Defensa al 800 y un hermano, Ignacio, tan relacionado como él.
En el caso del matrimonio por ahora frustrado, Andereggen estuvo por demás activo. El 17 de noviembre, es decir a cinco días del fallo de Seijas que autorizó el matrimonio y precisamente cuando vencía el plazo de apelación de la medida que podía emitir Mauricio Macri, el abogado comenzó a visitar las ventanillas judiciales. Ese mismo día, en el fuero Contencioso Administrativo presentó un amparo en el cual denunciaba al jefe de Gobierno por no apelar el permiso, “lo que constituye un acto de ilegalidad manifiesta, pues ello no está sujeto a oportunidad, mérito o conveniencia sino a actividad reglada”. El mismo día hizo la presentación en el Juzgado 92 (ésa es la causa que prosperó), alegando que la boda suponía un “perjuicio para el bien común”, porque “se ha fallado contra la esencia de un instituto de derecho natural (sic) como es el matrimonio”.
Una semana y un día después, el 25 de noviembre, el mismo Andereggen se presentó como patrocinante de Alejandro Taussig, representante de Pro Familia (Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia) y vocal de Red Unifam (al parecer inactiva desde mediados del año pasado), en la que también revistaban nombres del Instituto para el Matrimonio y la Familia (una suerte de think tank de la derecha más previsible, con disculpas de la expresión) de la Universidad Católica Argentina. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, según afirmaron fuentes judiciales en esos días a la agencia DyN, “con el aval del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio”. La demanda sostenía la incompetencia de Seijas “para entender en los casos en que personas de igual sexo pretendan unirse en matrimonio”.
La otra causa que tuvo incidencia directa en la suspensión del matrimonio entre Freyre y Di Bello fue aquella en la cual la jueza Martha Gómez Alsina dictó una medida cautelar a pedido de Sabrina Melisa Lebed y Miguel Jorge Haslop. Este diario informó hace unos días tanto sobre la escasez de antecedentes de ella como sobre la existencia de antecedentes de él (presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Capital Federal –es decir, el que no tiene representatividad ni controla la matrícula profesional–, además de integrante de la Corporación de Abogados Católicos). En el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, sólo esos nombres figuran como actores. Sin embargo, en distintos medios informativos ultras durante la semana se afirmó que Lebed y Haslop tenían por abogados a Francisco Ro-ggero y Joaquín Otaegui, dos abogados archiconocidos por haber patrocinado causas llenas de moralina y pasión ultrarreligiosa, como la de Ferrari. Cabe agregar que Roggero y Otaegui comparten estudio en Puerto Madero, que posiblemente sean de una generación mucho mayor a la de Haslop, cuyo nombre, o el de un homónimo, fue relevado, en 2004, durante los incidentes por la visita de la activista pro derecho al aborto Rebecca Gomperts: de acuerdo con La Nación, un “Miguel Haslop”, que brindó testimonio en calidad de “uno de los jóvenes católicos”, anduvo entreverado en los desmanes. ¿Estará teniendo lugar un cambio de guardia, un entrenamiento de las nuevas generaciones?
Mucho más modestas y hasta románticas fueron las acciones de Jorge Luis Vitale y Jorge Horacio Martínez: ambos se apersonaron en el Registro Civil de Coronel Díaz un día antes de la ceremonia para dejar asentada su oposición al enlace. Martínez se identificó como un ciudadano argentino de 58 años, viudo. Vitale, de 60, dijo ser “abogado, divorciado”, lo que decididamente no cuadra con su labor al frente del “Consultorio para abogados y legisladores católicos”, ni con su especialidad en “aplicación del derecho canónico en la legislación de un país”. Su actuación más destacada, públicamente hablando, de los últimos años, fue en mayo de 2006, a poco del estreno de El Código Da Vinci: Vitale se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal como “católico apostólico romano, afectado por la película”, que era “una agresión y un insulto a la creencia de la mayoría”. Pidió que la Justicia obligara a la distribuidora del film a aclarar que se trataba de una ficción; exactamente lo mismo reclamaba el vocero del Opus Dei local, Esteban López del Pino.
Por su parte, la Corporación de Abogados Católicos afirma haber presentado en su propio nombre (y con el patrocinio de Eduardo Sambrizzi) “recursos de nulidad y apelación” contra la sentencia de Seijas. Sustenta sus supuestos recursos en la “defensa de los ‘derechos de incidencia colectiva’ a que hace mención el segundo párrafo del art. 43” de la Constitución Nacional. Sambrizzi afirmó haber iniciado los recursos el 16 de noviembre, ante la propia Seijas, y estar dispuesto a llegar a la Corte Suprema, llegado el caso. Posiblemente el presidente de la Corporación, Eduardo A. Bieule, fundador de Abogados por la Justicia y la Concordia (agrupación habitué de las marchas de Cecilia Pando), sea insistente sobre este tema.
Otras tres causas quedaron en el camino: una, presentada el 17 de noviembre por el hiperactivo Pedro Javier Andereggen contra Mauricio Macri en el Fuero Contencioso Administrativo porteño, por haber decidido no apelar (hasta ayer no había sido resuelta); otra, iniciada ante el tribunal 9 del Contencioso porteño por un aún ignoto Ernesto Lamuedra, también “contra el Gobierno de la Ciudad sobre amparo”, que ya fue desestimada; y una última, iniciada el 19 de noviembre por la Corporación de Abogados Católicos ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya fue rechazada.
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